Hasta 40 años de prisión a Amezcua

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Testigo publicado en el periódico:“El Economista”

Especialista: Lic. José María Aramburu, Facultad de Derecho

Tema: “Hasta 40 años de prisión a Amezcua”/Entrevista

POR FRAUDE A MÁS DE 6,800 CLIENTES DE FICREA

Hasta 40 años de prisión a Amezcua

Hay denuncias penales por parte de defraudados y de la SHCP

FERNANDO GUTIÉRREZ

Los delitos que presuntamente cometió Rafael Antonio Olvera Amezcua, principal accionista de Ficrea, para realizar el fraude que afectó a más de 6,800 personas merecen sanciones de hasta 40 años de prisión, indicó José María Aramburu Alonso, director de la facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

En entrevista, el también ex funcionario de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó que con las denuncias penales que ya se han interpuesto en contra de Olvera Amezcua por parte de los defraudados, así como de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el futuro del principal accionista de Ficrea es pasar cerca de 40 años en prisión.

“Las denuncias penales que han interpuesto los particulares contra Olvera Amezcua por el delito de fraude podrían hacer que sea condenado hasta con 12 años de prisión; aunados a las denuncias que ya interpuso la SHCP se sumarían otros 15 años. Además, si hay delito de lavado de dinero a esta persona le esperan, como debiera ser, unos 40 años en prisión”, indicó el académico.

En la actualidad, Olvera Amezcua es prófugo de la justicia y buscado por las autoridades mexicanas en territorio nacional así como en otros países con ayuda de la Interpol.

La problemática

Los defraudados por las instituciones financieras en el país tienen la misma percepción: existe impunidad porque no se castiga a los responsables como lo establece la ley. Por ejemplo, en el caso de la caja de ahorro El Arbolito, que fue declarada en quiebra en 1999 y que afectó a más de 42,000 personas en Sonora, Baja California, Sinaloa y Jalisco, el presunto responsable de dicho quebranto, Salvador Pulido Jiménez, pasó en la cárcel sólo 11 de los 33 años a los que fue condenado.

Asimismo, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, la responsable de Caja Progresa, Lidia Arvizu, que presuntamente defraudó a más de 11,000 personas, continúa en libertad a pesar de las diversas denuncias que los ahorradores han puesto en su contra desde el 2013.

Para Aramburu Alonso, la mayoría de los fraudes en instituciones financieras no se castiga como debe ser por la mala integración de los expedientes, así como del ordenamiento de las averiguaciones previas que dan paso a que la defensa de los acusados aproveche para reducir los castigos a los señalados.

“Los expedientes tienen que estar bien armados. El problema no es aumentar la pena (por los delitos de fraude) sino armar buenos expedientes para que en el proceso penal se sancione el delito y se imponga la condena de prisión a los delincuentes”, explicó.

Asimismo, un defraudado de Caja Progresa, que pidió el anonimato, indicó que en este caso no se ha castigado a la presunta responsable del fraude, Lidia Arvizu, porque también están inmiscuidos en este quebranto tanto partidos políticos como autoridades municipales.

“El dinero de los socios se prestó a partidos políticos sin consentimiento de los ahorradores, se usó para las fiestas del pueblo (Dolores Hidalgo). Este tipo de cajas de ahorro (irregulares) crecen así de rápido porque tienen buena ubicación en los municipios con consentimiento de las autoridades”, consideró.

Las cajas (irregulares) -agregó- están en los centros de los municipios porque tienen un arreglo con los presidentes municipales, con los secretarios de finanzas y hasta con los gobernadores; es por eso que no se les puede decir nada.

Se desprotege al defraudado

Para Carlos Provencio Muñoz, director de Propicia Abogados, aunque las penas por fraudes en cajas de ahorro o en sociedades financieras populares como Ficrea son severas, la ley no establece el resarcimiento en su totalidad para el defraudado.

Provencio Muñoz explicó en entrevista que todavía hay un área de oportunidad de mejorar el marco normativo para que, cuando se presente un caso de esta naturaleza, el defraudado sea resarcido en su totalidad, además de que el delincuente pague por los delitos que cometió.